LEY SERVIR

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Con el afán de modernizar la nación, ocultar fechorías y actos de corrupción, los últimos gobiernos han pretendido cambiar algunas leyes del viejo estado, es así que el 4/7/2013, la gestión de Ollanta Humala promulga la Ley 30057- Ley del servicio civil, su exposición de motivos bastante amplia indica que la razón principal, es normalizar y estandarizar la normatividad y remuneraciones de los 1.4 millones de empleados públicos con los que en la actualidad cuenta el estado peruano, 17% de ellos pertenecen al contrato administrativo de servicios (CAS), 16% a la carrera administrativa (D.Leg 276), 7% Ley de la actividad privada (D.Leg 728), 1% otros, y el 59% tienen su normativa propia: profesores, docentes universitarios, profesionales y asistenciales en salud, magistrados, fiscales, diplomáticos, penitenciarios, militares y policías. Se debe conocer que existen más de 500 normas sobre empleo público, más de 400 normas sólo en remuneraciones, hay 102 escalas remunerativas diferentes en 82 entidades del poder ejecutivo, solamente en el D.Leg 276 existen 22 conceptos remunerativos, anualmente se invierten más de 100 millones de dólares en capacitación de los cuales el 85% pertenece al gobierno nacional, el 16% de los expedientes del poder judicial corresponden a demandas sobre empleo público, todos los gobiernos locales y regionales del país cuenta con escalas remunerativas disimiles, y estructuras funcionales propias, un trabajador de gobierno local en la ciudad de Lima en promedio percibe una remuneración de S/ 5,000 mensuales, y en el interior del país otro trabajador que cumple las mismas funciones tiene una remuneración de S/ 700 mensuales, en resumen “todo un caos”, pues la inadecuada planificación y dirección, la distorsión de las remuneraciones, las contrataciones temporales, la dispersión legislativa, la inadecuada capacitación y ausencia de evaluaciones, serían causa de este gran problema.

Sin embargo desde el inicio no se juega limpio, se han excluido del alcance de esta norma al Banco Central de Reserva del Perú, Congreso de la República, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, Contraloría General de la República, entre otros organismos del estado, por lo tanto ya no se trataría de una modificación seria y total, personalmente considero que la razón es que estas entidades tienen beneficios económicos y laborales mayores a los que se propone con esta nueva iniciativa, y en el caso de los empleados sujetos a la normativa de la empresa privada, dejarían de percibir por lo menos dos remuneraciones integras, la bonificación por escolaridad y la bonificación por vacaciones, de otro lado ya no van a ser depositadas las compensaciones por tiempo de servicios (CTS), sino serán pagadas al momento de su jubilación.

El ente rector es el SERVIR, quien luego de los 6 años en los que supuestamente se debería implementar esta normativa a nivel de todo el estado, el proceso de incorporación a esta norma es un vía crucis, tiene tantos pre requisitos que al momento no existe ninguna entidad sujeta a este nuevo régimen, en la fecha únicamente 51 entidades tienen Resolución de inicio a la Ley Servir, y 385 entidades de un total de 2939 han iniciado el proceso de tránsito a su incorporación a este sistema, sin embargo la ley es clara, las entidades tienen que migrar a la ley servir, pero los trabajadores actuales determinan si se quedan en su mismo régimen o pasan al nuevo, los trabajadores ingresantes serán los que a partir del año 2019 (o el inicio de su implementación) tengan que pertenecer “si o si”, personalmente creo que se trata de una normativa populista, los trabajadores y profesionales de ministerios en la ciudad de Lima, tienen remuneraciones que superan los S/ 12,000, en el interior del país únicamente llegan a un promedio de S/ 3,000, no creo que los centralistas limeños permitan homologar remuneraciones, y los escasos presupuestos que manejan las entidades públicas no van a soportar este intento de apoyo a la “meritocracia”, otro detalle importante, existe incertidumbre en el proceso de estandarización de puestos de trabajo del estado, con ello estaría desapareciendo las negociaciones colectivas por sector o por entidad, todos los organismos del estado deberían tener la misma remuneración bajo el principio “igual trabajo, igual remuneración” lo que lo veo muy difícil de lograr, nuestros padrastros de la centralista Lima nunca lo permitirían. Hasta la vista, y punto.

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