LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE LAS IZQUIERDAS

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La Constitución de 1993 cumplió 25 años a desdén de quienes la rechazaron y auguraron su pronta caída por espuria y neoliberal. Durante su vigencia, el debate sobre una nueva Constitución fue intermitente al término e inicio de cada gobierno; ocurrió a la caída de Fujimori y el ascenso de Paniagua, y en las elecciones del 2002, 2007, 2011 y 2016.  A principios del 2019, el debate parece avivarse entre las izquierdas que – a diferencia de coyunturas pasadas – exhiben liderazgos con cientos de miles de votos y posibilidades reales de disputar la Presidencia del Perú en el 2021. Sería aventurado afirmar que el Perú se encuentra en un momento constituyente, pero la conveniente situación es oportuna para plantearle a las izquierdas la siguiente pregunta: ¿tienen una visión común sobre la nueva Constitución que quieren proponerle a la ciudadanía, si acaso el Perú entrara en un momento constituyente los próximos años?

Para dar la respuesta, es necesario reproducir las versiones difundidas de algunos de los líderes nacionales y regionales, y los documentos de los partidos y movimientos de izquierda que se tiene al alcance. No son los únicos por supuesto, pero sirven de muestra para responder a la pregunta.

Por ejemplo, Verónika Mendoza dijo en distintas oportunidades que es necesario “…Un nuevo pacto entre peruanos… para dejar atrás el entreguismo y la corrupción… que permita la recuperación del Estado y la limpieza absoluta en el sector público… tal como están los contratos y las normas, el concesionario puede hacer lo que le dé la regalada gana con nuestro gas… (es necesario) recuperar la soberanía sobre nuestros recursos “.

Por su parte, Gregorio Santos dijo en varias oportunidades que es necesaria una nueva Constitución porque “…La crisis política no solo es una crisis de régimen, sino estructural y requiere como única salida un nuevo contrato social… para salvar la patria… (y) el mar, la cordillera y la patria vuelvan a ser de todos y no de unos pocos”.

En las oportunidades que tuvo, Marco Arana ha dicho que es necesaria una nueva Constitución por “…un nuevo modelo económico para que el país no siga siendo saqueado… un nuevo Estado que garantice justicia social y ambiental… para que la naturaleza sea sujeto de derechos…”

Desde el centro del país, Vladimir Cerrón coincide con la necesidad de una nueva Constitución porque “…Así se podrá revisar los contratos suscritos entre el Estado y las empresas mineras… y debatir el retiro del Perú de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de implementar la pena de muerte…”

Y desde el sur, Walter Aduviri, ha dicho que es necesaria una nueva Constitución para “nacionalizar los recursos como en Bolivia… donde el 82% de los recursos está bajo el control del Estado y el 18 % en manos de los privados”.

que se vayan todos… cierren el Congreso

Hasta aquí, los discursos condicen con la agitación de las calles de fines de 2018: “que se vayan todos… cierren el Congreso” y no están sistematizados en un documento o si existen, no están difundidos. Para ahondar en las anteriores respuestas, es pertinente leer los planes de gobierno de las ocasiones en que los líderes antes mencionados postularon en las elecciones generales o las elecciones regionales últimas.

Se tiene el plan de gobierno del Frente Amplio cuando Verónika Mendoza fue candidata a la presidencia de la República y Marco Arana a la Vice Presidencia en el 2016; que en la parte de visión del plan de gobierno, dice:  “El Frente Amplio surge en la política peruana para… contar con un estado social de derecho, plurinacional, representativo y profundamente democrático, que sea promotor del desarrollo… asume como horizonte paradigmático el “Buen Vivir”… las nuevas relaciones entre sociedad, mercado y estado deben estar consagradas en una Nueva Constitución Política que exprese un nuevo acuerdo político … que sea garante de los derechos y de los intereses de las grandes mayorías nacionales y no expresión… de grandes grupos empresariales…”

El plan de gobierno de Democracia Directa que en el año 2016 lanzó a la Presidencia de la República a Gregorio Santos, dice en la parte de lineamientos estratégicos y ejes programáticos: “7. Nueva Constitución para forjar la República de Democracia Total en el Perú. Las profundas transformaciones que requiere… el Perú tienen como «camisa de fuerza» la actual República… Neocolonial, monocultural y elitista… la Constitución Fujimorista de 1993… que convalida el modelo neoliberal de crecimiento concentrador, excluyente, depredador…. Para hacer posible la Transformación Nacional… se hace ineludible…  el poder constituyente…  forjado por… los pueblos amazónicos y…  pueblos originarios”.

Aunque un movimiento regional no tendría por qué  referirse a una nueva Constitución, el plan de gobierno del Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional que llevó al candidato Walter Aduviri al Gobierno Regional de Puno el año 2018, tiene un enunciado provocador en la parte introductoria: “…Se trata de defender nuestro orden… nuestra existencia, nuestros recursos… nuestro territorio… Se trata de… iniciar un gran PACHAKUTI que permita retornar a las leyes naturales y restablecer… el ordenamiento cosmogénico, a través del Pensamiento Pacha… Nuestro camino es reescribir nuestra historia aun ignorada, con la esperanza de un día juntarnos todos en una gran huatiada… para compartir una sociedad justa y solidaria…”

Intentando un resumen de los discursos y los documentos: las izquierdas coinciden en la necesidad de construir una institucionalidad sobre la realidad diversa de la sociedad peruana a la que puede llamarse plurinacional porque cuenta con grupos sociales, pueblos originarios, culturas, lenguas, expresiones artísticas, etc. que no son visibilizados por la Constitución del 1993 y por ende son ignorados en el reconocimiento de sus derechos. Por ejemplo,  el derecho del pueblo Aymara o el Awajún a la consulta previa, estuvo lejos de ser importante para los redactores de la Constitución de 1993 lo cual, tendría que ser corregido por una siguiente.

Coinciden también en la necesidad de otro modelo económico para hacer que los recursos del país sean explotados con respeto al medio ambiente y en beneficio de los peruanos, sin que sean “entregados” a empresas transnacionales a precios irrisorios que luego dejan una renta injusta para los peruanos y que incluso son beneficiadas con la reducción de los tributos que deben pagar al país como es el caso de las empresas mineras; como bien apunta Manuel Dammert, se necesita una economía que “asegure que la extracción de los recursos naturales como el gas y los minerales sirvan para el desarrollo de los sectores populares y no para enriquecer a las grandes empresas”.

La crítica al modelo económico se da también porque es un germen de corrupción. La Constitución del 93 instituye los contratos ley y las asociaciones público-privadas que ofrecieron reglas de juego favorables a grupos como Odebrech, OAS, “el club de la construcción”, etc. cuyas inversiones contaron con el andamiaje legal propicio para “coimear” a funcionarios públicos y promover leyes y reglamentos a su conveniencia, sin que el Estado haya tenido el suficiente poder fiscalizador durante los gobiernos de Fujimori, Toledo, García y Humala. Los procesos penales y prisiones preventivas que se dieron a lo largo del 2018 que involucran a los cuatro ex presidentes, así como ministros y funcionarios de mando medio, arrojan abundante evidencia sobre esta afirmación.

En conjunto, las izquierdas expresan intenciones, pareceres, anhelos, pero no su propuesta de Constitución para el país o el modelo a seguir: (¿Bolivia, Ecuador, Venezuela?); y si bien hay coincidencias, existen también notorias diferencias que llaman la atención que es necesario ponerlas en relieve.

Por ejemplo, Walter Aduviri propone la nacionalización de los recursos naturales al igual que Democracia Directa, algo que no se escucha en los discursos (más cautos) del Frente Amplio o de Nuevo Perú. Otra propuesta disonante es la de Vladimir Cerrón que aboga por la implementación de la pena de muerte y el retiro de la Corte Interamericana, algo que no se escucha en ninguna otra tienda y que sería inaceptable para los  no partidarizados – defensores de derechos humanos.

En resumen, si bien las izquierdas coinciden en la necesidad de una nueva Constitución para instituir un país plurinacional, lograr el cambio del modelo económico  y forjar un instrumento con el mayor peso jurídico para luchar contra la corrupción; no tienen una visión conjunta de la Constitución que quieren para el Perú, tanto más que guardan diferencias respecto al modo de explotación de los recursos y el tratamiento de los derechos humanos. Esto no quiere decir que sea necesaria la presentación de una propuesta escrita, sino consensos mínimos entre las izquierdas antes de entrar a un diálogo de largo aliento con la ciudadanía peruana en un momento constituyente.

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