IMPUESTO AL ESTUDIO UNIVERSITARIO

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El pasado 11/2/2018 se conoció que el congresista puneño Alberto Eugenio Quintanilla Chacón (NP) abogado de profesión, habría presentado un proyecto de ley para que las universidades privadas paguen impuestos, en su exposición de motivos aduce la obtención de “mayores recursos para el estado”; el estrecho criterio mental de este ciudadano, considera que se ven beneficiados de esta exoneración, los propietarios (de las universidades) quienes “lucran con la educación”.

El proyecto de ley Nº 2366/2017-CR busca reformar la Constitución modificando el artículo 19º- “(…) las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a ley gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural, Quintanilla expone: “El estado deja de percibir rentas de empresas-universidades por un criterio constitucional de hace 25 años, cuando por entonces no existían la cantidad de universidades que hoy funcionan. Hay el caso de un rector de una universidad, cuyo sueldo es más de S/2 millones mensuales, entre otros casos”, cuestionó. “…en la actualidad suman 66 universidades privadas en el país, pero si se suman todas las filiales, la cifra aumenta a 92 en todo el territorio nacional, sin garantía alguna de brindar servicios de calidad a los estudiantes”. “Los institutos de educación superior no son la excepción pues, de acuerdo a información del ex ministro de educación Jaime Saavedra, existen 790 institutos en el país, de los cuales 417 son del sector privado y de igual forma se encuentran inafectos del pago de todo impuesto”, subrayó.

Lo que no dice este padre de la patria, que es función del estado brindar educación a todos los peruanos, sin embargo se traslada esta facultad al sector privado a cambio de la liberación del pago de tributos, y es cierto el artículo 87 de la Ley 23733- Ley universitaria, señala la exoneración de todo tributo fiscal o municipal, se debe tener también en cuenta que la constitución de 1979 otorgaba exoneración de impuestos (a universidades) y la constitución de 1993 incluye un beneficio inclusive más amplio como es el de la inafectación, por lo que los resultados de estos beneficios son fruto de las luchas de los antiguos estudiantes universitarios, decapitados políticamente durante la gestión del japonés Alberto Fujimori, puesto que en aquellos años se redujo la autonomía universitaria imponiendo un régimen de terror, que impedía la formación de dirigentes contestatarios y buenos profesionales.

Nuestro punto de vista, discrepa con el formulado por este mal congresista, tomando en cuenta que cualquier variación en el aspecto tributario de las universidades privadas ha de recaer en los estudiantes y en los padres de familia de los estudiantes, y de ninguna forma en los promotores de estos centros de estudio, quienes van a trasladar este impuesto al usuario, inclusive se han de ver más beneficiados con el uso del “crédito fiscal”.

El pensamiento de este congresista conculca los derechos adquiridos de 1´300,000 estudiantes de universidades privadas del país a fines del 2017; bajo este mismo criterio las empresas de transporte tendrán que dejar sin efecto el “pasaje universitario”, también debía de formularse una modificatoria a fin de que se imponga impuestos a la venta de libros, y también incorporar a la iglesia católica a que tribute en el país por el alquiler de sus inmuebles, y la prestación de sus sagrados sacramentos.

Realmente me parece necia la pretensión de este “cacaseno” congresista, quien cree que gobernar es “mejorar la recaudación económica del país”. El estado peruano tiene como función principal velar por la educación, el crecimiento y desarrollo de sus niños y jóvenes, de por sí las universidades públicas no se abastecen para la población estudiantil que año tras año egresan de los colegios secundarios, y los sacrificados padres de familia hipotecan sus recursos, vida y juventud en bien de que sus hijos culminen su profesión, dejémonos de “cojudeces” y coadyuvemos a que nuestros hijos culminen satisfactoriamente su educación superior. De otro lado no creo que los 1.3 millones de universitarios, con sus respectivas familias, se queden con los brazos cruzados en caso que prospere este improperio, saldremos a las calles en defensa de la canasta familiar y de “nuestros recursos” (como dice Quintanilla Chacón), además el dinero no es lo que engrandece a una nación, sino la formación de sus pobladores y ciudadanos. Hasta la vista, y punto.

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