CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA

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En la gestión de Vizcarra sus adversarios políticos le reconocían la legalidad de su gobierno pero cuestionaban su legitimidad por no provenir del voto popular, con el referéndum de diciembre del año pasado eso quedó zanjado por la aplastante victoria de su fórmula en las cédulas de votación. De esta manera Vizcarra logró consolidar su poder frente a toda la clase política representada en el Congreso que fue la derrotada; sumándose de esta manera, a la galería de estampitas que reciben el favor del pueblo junto al Juez Concepción Carhuancho y los Fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela. Con ello se pasaba página a la historia que señalaba que la población es tolerante de la corrupción y que la política no es de su interés, todo lo contrario a lo vivido estos meses con una opinión pública muy activa y pendiente del quehacer político y judicial para evitar que se favorezca a la corrupción y la impunidad.

Vizcarra abrió la caja de pandora con la consulta popular, se marcó una nueva etapa donde la clase política se mueve tratando de conducirse siguiendo la opinión de las mayorías; salvo la de los fujimorista y los apristas cuya actuación tiene que ver más con “actos de supervivencia”, como bien señalaban en sus coordinaciones por chat, porque están comprometidos con la corrupción y buscan evitar la cárcel de sus integrantes amparándose en la impunidad parlamentaria.

Este año se estrenaron muchas gestiones municipales y en solo un mes quién destaca por sobre las demás en Lima Metropolitana es el alcalde distrital de La Victoria, George Forsyth. Es una grata sorpresa para la comunidad limeña ver que una autoridad municipal se compre el pleito de la lucha contra la delincuencia; mal que aqueja a la mayoría de la población y que representa el primer lugar en el ranking de problemáticas locales. El alcalde de La Victoria ha logrado llamar la atención y apoyo del gobierno central a través de la coordinación permanente con el Ministerio del Interior. Es evidente que la delincuencia es un mal estructural y que la tarea de liberar las calles de esta lacra social no será sencilla, pero se tiene lo más importante: la voluntad política. En las redes sociales y en las calles la gente ya opina, de forma prematura, que estaríamos frente al futuro alcalde de Lima si sigue en su objetivo de erradicar la delincuencia. Nunca hubo otro alcalde tan decidido como el empresario y ex arquero de Alianza Lima.

Estamos ante un periodo político donde los vacíos de representación y la identificación con nuevas actuaciones políticas se van generando a partir de quienes “conectan con la gente”, y no al revés, como sucede con la clase política representada en ese desprestigiado congreso. Este empoderamiento de la opinión pública como elemento que garantiza poder fue materializado con el referéndum; quizá por ello el miedo de las soberbias vanguardias políticas que despreciaban el referéndum y promovían el ausentismo bajo un ropaje argumentativo donde quienes apoyaban en dirección contraria a su dogma eran una simple “masa” sin criterio y carente de (su) orientación hacia “la verdad”.

No significa que hemos pasado del momento de la lucha contra la corrupción hacia la lucha contra la delincuencia. Todo lo contrario, ambas van de la mano por su evidente conexión. La lucha por la seguridad ciudadana es un tema de agenda postergado por los gobiernos anteriores y, en esta coyuntura, muy saludada por la gente que padece este flagelo social. Entonces, vemos cómo se va incorporando a la “lista de interés de las mayorías”, y como el avance en esta lucha va desnudando el negocio de la impunidad a favor de la delincuencia y el crimen organizado que tiene instalada su red y tentáculos dentro de los estamentos del Estado, en especial del ministerio público y el poder judicial.

 

Casos como el del suboficial PNP Elvis Miranda y el albañil Pedro Palacios, que por matar a prontuariados delincuentes vienen siendo procesados judicialmente, generan la indignación popular y son ejemplo del cómo operan estas redes de negocios a favor de los delincuentes. A estas alturas, ver a cierto sector de liberales de izquierda “clamar por los derechos humanos de los delincuentes” permite saber del porqué las mayorías populares no los toman en serio, y de su absoluta desconexión de la realidad nacional.

En política el soberano es el pueblo, sus necesidades debieran ser las que orienten las acciones de quienes nos gobiernan o quienes administran el Estado. Por ejemplo, cuando Vizcarra se enfrentó al fujimorismo que desde el Congreso encubría los casos de corrupción y usaba su poder solo para beneficio propio y de sus aliados, la gente le reconoció la decisión y acción que lo distinguió del tibio PPK. Cuando el pueblo otorga el poder es porque espera que sea usado para el beneficio de toda la sociedad y no solo de la collera de la clase política.

Con la aparición de Forsyth en el escenario político, se va consolidando más este principio de “opinión pública” igual “poder político”, y ello va cobrando mayor sentido cuando señala que, ante las amenazas recibidas por su parte de las mafias de La Victoria, si algo le pasara a él o su familia debería entrar el ejército a limpiar el distrito. Quienes vivimos en los sectores populares, que son los lugares de mayor incidencia delictiva por la desprotección del Estado, sabemos que la situación que vive este alcalde es la realidad de nuestros distritos y nos sentimos sintonizados con su apuesta y su trabajo.

Es un absurdo y fuera de la realidad aquel relato oenegero que señala que son delincuentes por necesidad, casi casi unos muertos de hambre, por tanto, merecedores de piedad y caridad como si se tratara de un asunto de “carisma evangélico”; pareciera que sin “victimas del malvado Estado” se les acaba el negocio. En realidad estamos hablando de gente que tiene el suficiente poder de agenciamiento de dinero para poder comprar policías, fiscales, jueces o hasta organizaciones políticas.

 ¿Qué tendría que suceder para que las fuerzas armadas colaboren con las seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia en la calles, como lo viene pidiendo el sentir popular desde hace varios años? En primer lugar, cambiar parte de la Constitución porque es la fuente de las leyes que favorece a los delincuentes, con ello regular y determinar los protocolos de actuación de los efectivos de las Fuerzas Armadas bajo la dirección de la Policía Nacional.
Es conocido por todos la falta de comisarías y efectivos policiales para poder logra la ecuación de número de efectivos policiales por número de habitantes. Conforme se van promoviendo y volviendo atractiva la oferta para incrementar el número de policías (mediano y largo plazo), se pueden ir construyendo nuevas comisarías y fortaleciendo ese número con nuestros efectivos de las fuerzas armadas (acción inmediata, corto plazo). Es preciso recordar que una de las cifras alarmantes de la inseguridad ciudadana tiene que ver con la violencia contra las mujeres, esta podría ser una oportunidad para incrementar también más comisarías de las mujeres porque en las fuerzas armadas se cuenta con un cada vez mayor número de contingente femenino.
 

Me gustaría que Lima sea el piloto, despejando las calles de estas lacras de la sociedad en acción conjunta entre las municipalidades, la policía nacional y las fuerzas armadas. Solo basta voluntad política, destinar recursos y por supuesto, cambiar parte de la Constitución en función a las necesidades del pueblo.

¿Qué tal otro referéndum para esta idea? Seguro la clase política se opone porque ellos representan sus “intereses de clase”, es decir, apoyan a la delincuencia, a sus colegas los choros. Si hubiera otro referéndum, de seguro que sería una aplastante victoria ciudadana del soberano: EL PUEBLO.

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